On the legal challenges arising from the “Audio case”, board members Mónica van der Schraft and Ramiro Mendoza shared their reflections at Universidad Central

La raíz de las soluciones estaría en la educación en las escuelas de Derecho y en poseer una institucionalidad que permita un control ético reconocido y universal.

El jueves 3 de octubre, la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile fue escenario del conversatorio "A propósito del Caso Audios: desafíos éticos de la profesión legal", encabezado por su Decano, Rafael Pastor, y por Sebastián Kaufmann, Secretario de Facultad. Este encuentro, que reunió a diversos académicos, tuvo como objetivo analizar las implicancias del llamado "Caso Audios" en la ética profesional de los abogados.

Junto a Jaime Couso, Decano de Derecho UDP, los consejeros del Colegio de Abogados Mónica van der Schraft y Ramiro Mendoza compartieron sus reflexiones sobre la formación ética, el control disciplinario y la responsabilidad social de los abogados.

Mónica van der Schraft —árbitro del CAM Santiago y árbitro internacional— destacó la poca relevancia que se le daba a la tuición ética hasta que explotó el "Caso Audios": “Algo se remeció a nivel de la ciudadanía y, al mismo tiempo, afectó el corazón de la profesión jurídica, porque de alguna manera toda nuestra profesión fue puesta en cuestionamiento”, dijo.

Y añadió: “Tuvimos que empezar a dar explicaciones de que no todos los abogados ejercíamos de esta manera, de que estos eran casos excepcionales y de que, en general, todos los abogados somos orgullosos de nuestra profesión y la ejercemos de la mejor manera posible, de acuerdo a principios éticos”.

Al respecto, Ramiro Mendoza, quien fuera presidente del Colegio hasta inicios de 2024, destacó que cuando se detecta un problema de corrupción, sea que incluya abogados, profesionales del área de finanzas o fuerzas del orden y seguridad, no por eso deja de ser exactamente eso: un problema de corrupción. “Lo que pasa es que aquí hay más abogados involucrados, pero no por ello se transforma este hecho en la corrupción de toda la profesión”, aunque igualmente sirva para revisar con seriedad las conductas del sector.

Por su parte, la consejera pidió no olvidar que los abogados no desempeñan una actividad simplemente privada: “Por el contrario, nosotros jugamos un rol esencial en la integridad del sistema legal, en el debido acceso a la justicia y en la mantención del Estado de Derecho”.

“Contribuimos a la administración de justicia y tenemos un rol preponderante en que se mantenga la confianza pública en el litigio como la mejor forma de resolución de conflictos. Todos sabemos lo que sucede cuando se pierde esta confianza y empieza la autocomposición”, advirtió.

Mendoza, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, enfatizó la necesidad de revisar la formación de los abogados: "A estas alturas, en otras partes del mundo esto significaría que las facultades de Derecho estén mirando sus programas; estarían ya evaluando cómo incorporar de mejor manera, de manera más robusta, las cátedras con su componente ético, quizás en la propia cátedra; teniendo una sensibilidad diferente con la filosofía y la lectura de la ética actual, por ejemplo", dijo.

Asimismo, cuestionó la proliferación de escuelas de Derecho, haciendo presente que en un solo año habían jurado 4.500 abogados y que están egresando anualmente cerca de 5.500 futuros profesionales, que provienen de 54 escuelas de Derecho, bajo la premisa de que existe una Comisión Nacional de Acreditación, pero que terminaría convirtiendo los procesos para acreditarse en un “relleno de formularios” más que en un aseguramiento de la calidad.

Mendoza también abordó la necesidad de un control ético universal para todos los abogados, independientemente de su afiliación o no. "Un grupo importante del Colegio consideramos que puede ser un rol importante de la Orden, pero también puede ser un tribunal especial o de una judicatura concesionada. Y ahí, Mónica lo dice con mucha hidalguía, conversemos de lo otro, pero tengamos una jurisdicción ética universal con un sistema conocido y reconocido”.

Mónica van der Schraft, por su parte, hizo patente el monopolio que implica ejercer una profesión que no puede ser controlada por los clientes: “A lo largo de la vida de toda persona va a haber situaciones en las que va a requerir consejo jurídico —compra de un bien raíz, herencias, un despido justificado, un contrato de arriendo o ser víctima o autor de un delito—, cuando no tiene los elementos necesarios para determinar si el abogado que contrata se desempeña éticamente y si lo hace bien o mal”.

El ciudadano común y corriente no tiene la capacidad de una empresa o de clientes de alto patrimonio para discernir entre un abogado y otro, prosiguió, y, por lo tanto, existe “una tremenda asimetría de información entre el abogado y el cliente”, lo que consideró un motivo más entre aquellos que justifican la necesidad imperiosa de que exista un sistema universal de reglas que se aplique a todos los abogados: “En este sistema se debe poder contrastar el comportamiento nuestro y ver si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con estos mínimos éticos.

Fuente: CA-Colegio de Abogados de Chile